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Desestima la impugnación realizada al plan de reestructuración de Armas Trasmediterránea por parte de los acreedores de forma irrevocable
a Audiencia Provincial de Las Palmas ha emitido una sentencia de gran calado en el sector naviero y financiero al respaldar el plan de reestructuración del Grupo Armas Trasmediterránea. Esta decisión confirma la homologación del plan de saneamiento financiero del conglomerado marítimo, pese a las impugnaciones presentadas por relevantes entidades como Acciona, Caixabank, Banco Santander y la Abogacía del Estado, en representación del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El fallo del auto —publicado ayer 11 de marzo y contra el que ya no cabe recurso— está firmado por los magistrados Juan José Cobo Plana, Jesús Ángel Suárez Ramos y Guzmán Eliseo Savirón Díez, quienes rechazan las impugnaciones realizadas por las entidades Acciona, CaixaBank, Banco Santander, Banco Sabadell y el Instituto de Crédito Oficial, y a los cuales condena a abonar las costas por la “escasa credibilidad e inconsistencia” de los informes aportados.
La homologación del plan de reestructuración, realizada por el Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, permitió la reducción de la deuda de 483 a 193 millones de euros, a través de una capitalización de deuda, garantizando a Armas Trasmediterránea contar con un balance saneado y poder afrontar con garantías su futuro financiero. Una homologación que permitió a los bonistas adquirir el 94% del Grupo y mantener a la familia Armas, fundadora de la compañía, con un 6%, garantizando su canariedad.
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El fallo, que ratifica los autos emitidos por el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Las Palmas, refuerza la viabilidad del grupo empresarial, y viene a ratificar el trabajo realizado por toda la compañía y sus asesores, que se ha caracterizado por su seriedad y rigurosidad durante todo el proceso de elaboración del plan homologado, en estos dos últimos años.
La sentencia dictada en diciembre de 2023 ratificó el plan de viabilidad y los esfuerzos de la compañía —basado en el consenso y establecido en colaboración con los acreedores y los accionistas— por consolidar su situación financiera y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Igualmente, condonó gran parte de la deuda financiera no garantizada, lo que resultará en un balance saneado, y estableció una prórroga del vencimiento hasta diciembre de 2026.
Una batalla legal con múltiples frentes
Desde que se conoció la homologación del plan el pasado 21 de diciembre de 2023, los principales acreedores han expresado su firme oposición, alegando un trato desigual en la redistribución de la deuda y cuestionando la viabilidad de la empresa. Entre los puntos más controvertidos se encuentra la acusación de que el plan favorece a ciertos bonistas y a la propia familia fundadora de la naviera, en detrimento de entidades que podrían haber recibido mejores condiciones en un escenario de liquidación concursal.
Acciona, una de las empresas más perjudicadas, denunció que su crédito sufría una quita del 100%, mientras que la familia Armas, tras la venta de la compañía, conservaría un 6% del capital. «El plan no ofrece una perspectiva real de viabilidad y parece diseñado para vender la empresa libre de deudas, perjudicando a los acreedores que han financiado su operativa», argumentaron en su impugnación.
Por su parte, Caixabank y el Banco Santander pusieron en duda la justificación de la financiación interina incluida en el plan, asegurando que la línea de crédito puente concedida al Grupo Armas Trasmediterránea fue excesiva y no cumplió los requisitos legales para ser considerada como financiación interina. Sostienen que la operación habría sido estructurada con el propósito de desplazar a ciertos acreedores y beneficiar a un reducido grupo de inversores.
Una sentencia clave para el futuro de Armas Trasmediterránea
El tribunal, sin embargo, ha desestimado estas impugnaciones, avalando el proceso de reestructuración y destacando la solidez del informe pericial que sustenta la viabilidad de la empresa tras la reestructuración. En su fallo, la Audiencia Provincial recalca que el plan cumple con la normativa concursal y que se han seguido los procedimientos adecuados para garantizar su legalidad.
El tribunal también ha rechazado la acusación de fraude de ley formulada por la Abogacía del Estado, que argumentaba que la insolvencia del Grupo Armas Trasmediterránea fue provocada artificialmente a través del préstamo puente de emergencia para justificar la necesidad de la reestructuración.
En cuanto a las alegaciones sobre la regla de la prioridad absoluta —que establece que los acreedores deben cobrar antes que los accionistas en un proceso de reestructuración—, la sentencia defiende que la participación otorgada a la familia Armas es resultado de una operación de capitalización de deuda, sin que ello implique una violación de las normas concursales.
Impacto en el sector y próximos pasos
Esta decisión de la Audiencia Provincial da continuidad a los objetivos fundamentales de mejorar la eficacia operativa, la competitividad y la posición financiera general del grupo Armas Trasmediterránea, garantizando su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo. No obstante, no se descarta que los acreedores disconformes busquen vías legales adicionales para revertir la decisión.
Mientras tanto, la compañía sigue adelante con su plan de recuperación. En este sentido, Armas Trasmediterránea continúa avanzando en su plan de transformación que implica, entre otras cuestiones, trabajar bajo un nuevo modelo de gestión de la flota orientada a la optimización de rutas y buques, así como hacia un modelo marcado por la sostenibilidad, con el uso de biocombustibles, reducción de emisiones y optimización de recursos técnicos, entre otras cuestiones, que posicionan a la naviera como un agente estratégico en el transporte marítimo nacional.
El desenlace de este caso sienta un precedente clave en la reestructuración de grandes corporaciones en España, marcando un punto de inflexión en el uso de la normativa concursal para salvar empresas en dificultades.
