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La designación de Airam Díaz, director comercial de Miller y Cía hasta ahora, como vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la comunidad autónoma fue ayer puesta en duda por varios miembros del órgano al entender que existe incompatibilidad.
Según indican fuentes próximas, fue el diputado socialista Miguel Ángel Pérez, que participó telemáticamente y que se sienta en el consejo en representación de Puertos del Estado, quien planteó la incompatibilidad de Díaz en base al artículo 30 de la Ley de Puertos, que establece en su apartado 4. a) que los directivos de empresas con actividades en el puerto no podrán formar parte del órgano «salvo que ostenten un cargo de representación empresarial».
Ante la pregunta formulada por Pérez, la secretaria del consejo, María Bosch, indicó que la Autoridad Portuaria no tenía que emitir ningún informe al respecto sino que debe hacerlo el propio Gobierno de Canarias, que es quien designó a Díaz. Este vocal participó ayer por primera vez en una reunión del consejo, si bien no se pronunció mientras se trató este asunto que le afecta directamente.
El que sí intervino fue el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, quien aseguró que Díaz había sido designado por el Ejecutivo porque cumplía con las directrices que fija la norma de Puertos y sin que haya incompatibilidad. Así todo, según fuentes próximas, el tema no se va a quedar aquí ya que Pérez tiene previsto solicitar al Gobierno de Canarias a través del grupo parlamentario socialista toda la documentación para revisar si existe o no esa incompatibilidad. Otros consejeros del Puerto, que prefieren no ser identificados, dudan también de que la elección cumpla la Ley de Puertos.
«El expediente que entregue el Gobierno pondrá negro sobre blanco porque sospechamos que Airam Díaz puede haber firmado sencillamente una declaración responsable de incompatibilidad, diciendo que no hay problema, pero sin cumplir lo que fija la ley», indican estas fuentes, que apuntan que las relaciones personales y políticas de Díaz -en referencia a su vínculo a ATI y Clavijo- no son el problema sino el que no se cumpla la norma.
Tras el planteamiento hecho por Pérez en el consejo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, apuntó que si se confirmara la incompatiblidad el consejo de ayer «quedaría invalidado». «Fue una sorpresa para todos porque las cosas no se hacen así», indican fuentes próximas, que apuntan que el asunto «se planteó mal» desde que comenzó la reunión.
«El primer punto fueron los ceses y nombramientos. Se dieron los ceses pero no las personas nombradas con lo que Pérez, que participaba telemáticamente, tuvo que interrumpir el consejo porque aunque pedía la palabra no se le daba», señalan estas fuentes.
Malestar por el cese del alcalde de Agüimes
La entrada de Díaz ha supuesto la salida del consejo del alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, que se sentaba en representación de la comunidad autónoma y que fue cesado ayer. El Gobierno tiene dos vocales, uno es Airam Díaz, y el otro está pendiente de ser nombrado tras el cambio de Gobierno.
Los empresarios del Polígono de Arinaga reclamaron ayer a través de las organizaciones Aenaga y Ecoaga, un asiento para el ayuntamiento de Agüimes, sea en representación de la comunidad autónoma o de los propios municipios dado el peso que tiene el puerto de Arinaga. El consejo tiene un total de 16 vocales. «Hablamos del segundo puerto más importante de Gran Canaria. Es estratégica la presencia de Agüimes por la zona industrial, las empresas y las futuras inversiomes que puedan venir a la zona portuaria», indica el presidente de Ecoaga, Juan Acosta
Los ayuntamientos tienen actualmente dos asientos que están ocupados por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y Astrid Pérez, que sigue en representación del ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, aunque en breve será movida y sustituida tras haberse convertido en la presidenta del Parlamento de Canarias y ser el alcalde Jonathan de León.
El hasta ahora representante de Puerto del Rosario, Juan Jimenez, se sentaba en representación de la comunidad autónoma. Ayer fue cesado al igual que Óscar Hernández y no se sabe si habrá movimientos para habilitar un puesto para este ayuntamiento -podría ocupar el puesto vacante aún por la comunidad autónoma- o quedará fuera del consejo de administración.
Luis Ibarra se despide tras once años de presidente
Por los cabildos se sientan Antonio Morales (Gran Canaria), Sergio Lloret por Fuerteventura y Andrés Stinga, de Lanzarote si bien estos dos últimos serán cambiados en próximas fechas. Han de ser las propias administraciones las que notifiquen el cambio tras las elecciones y aún no se ha hecho. Luis Padrón está por las cámaras de comercio y Pedro Ortega, por la patronal (CCE). Los estibadores tienen también un representante, Pedro S. Cazón.
Ayer se cesó a Sebastián Franquis y Elena Máñez por el Gobierno de Canarias y en su lugar se nombró a Manuel Domínguez y Pablo Rodríguez.
El aún presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, se despidió ayer de los miembros del consejo de administración tras once años en el cargo. Durante su etapa el Puerto ha vivido una transformación. Entre sus principales logros está el haber concentrado el negocio ‘offshore’ en el Reina Sofía sacando de este muelle otras actividades como el grano que llevó a Arinaga. A esto hay que sumar la terminal de pasajeros de Armas en La Esfinge y el espacio ganado para la eólica.
