elmercantil.com
Un pilar es “modernizar” el registro de buques “para recuperar la flota española que se ha ido a otros pabellones”, según Marina Mercante
La Estrategia Marítima Española para el periodo 2024-2050, que el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha puesto en circulación entre los actores sectoriales, “es un proyecto de país que implica a once carteras del Gobierno” y que contempla “la modernización” del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras y “la actualización” del tax lease como instrumento financiero para impulsar la renovación de la flota, explica el director general de Marina Mercante, Gustavo Santana, en conversación con El Mercantil. “La estrategia se ha elevado a la secretaría general de Transportes Aéreo y Marítimo, que la he remitido para consultas a once ministerios, caso de Transición Ecológica, Hacienda, Economía, Industria, Trabajo y Educación, entre otros, además de a las principales asociaciones, con las que ya habíamos mantenido reuniones previas. El objetivo es que, tras las consultas, las conclusiones estén listas antes de final de año”, explica Santana.
“Las conclusiones sobre la Estrategia Marítima Española estarán listas antes de final de año”
Gustavo Santana Director general de Marina Mercante
El programa sienta sus bases en diferentes ejes, entre los que destacan el medioambiental “para cumplir con los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones” en el transporte marítimo, “la promoción de las profesiones marítimas, porque el sector sufre la falta de vocaciones y puede ser una gran fuente de trabajo” y “la digitalización de la Administración marítima para simplificar los trámites y mejor la coordinación interinstitucional, lo que nos permitirá ser más ágiles y eficaces”. Otros pilares son “la innovación en la construcción naval del país, que tiene detrás una potente industria auxiliar”, la citada modificación del registro especial de buques “para lograr un flota de bandera competitiva” e “impulsar las sinergias entre el sector portuario, que ya tiene su propio plan estratégico, y el marítimo”. Estas bases siguen la filosofía del reciente informe Draghi, que constata que la demanda de transporte aumentará en los próximos años de forma exponencial, lo que llevará a los operadores, en este caso a los armadores, a buscar inversión para digitalizarse, descarbonizarse y aumentar en eficiencia.
De momento, como ya adelantó esta publicación, el Gobierno ha puesto encima de la mesa 1.500 millones de euros para ayudar a los armadores en la descarbonización de sus flotas. Por una parte, las navieras españolas dispondrán de una partida de 500 millones de euros para impulsar la transición energética que marca el paquete normativo Fit for 55 para 2030 de la UE, que busca reducir las emisiones en, al menos, el 55% respecto de los niveles de 1990.
Esta dotación para la descarbonización se dirigirá a tres frentes. “Uno es la renovación de la flota para desplegar buques de cero emisiones. Otro es el uso de combustibles con bajas emisiones de carbono. Y, por último, ayudas para el establecimiento de corredores verdes marítimos, ligadas sobre todo a infraestructuras de suministro de combustible y recarga en los puertos”, concreta el director general de Marina Mercante, Gustavo Santana. Esta partida se nutrirá de los fondos recaudados por el Gobierno español a través del esquema de comercio de derechos de emisiones de la UE para el transporte marítimo, conocido como EU ETS, que entró en vigor el pasado 1 de enero.
La descarbonización se plantea en tres frentes: renovación de flota, combustibles y corredores verdes
Por otra parte, los armadores dispondrán de 1.000 millones en garantías públicas durante un periodo de cinco años, que se podrán prorrogar otros cinco más, para la modernización de sus escuadras. “Son avales para la renovación de la flota ligados a la sostenibilidad. En este caso, Economía, Industria y Transportes estamos trabajando en una orden conjunta para su regulación. Y también estamos en diálogo con la Comisión Europea”, añade Santana.
Además de estas ayudas, otro de los caballos de batalla de la organización de navieros Anave, que preside el valenciano Vicente Boluda, es la modificación del registro especial de buques, que se ha quedado obsoleto desde su creación hace más de 30 años, periodo en el que apenas se han implementado medidas para su actualización y evitar la fuga de barcos a otros pabellones más competitivos. “Algunas cosas se han hecho. Por ejemplo, ante la falta de marinos, los armadores nos pidieron el reconocimiento de los títulos de países signatarios de la STCW (Convención Internacional en Estándares de Formación, Certificación y Vigilancia para la Gente de Mar) de la OMI. En este capítulo se ha ido avanzando y ahora, por ejemplo, estamos trabajando con Honduras y Colombia para que los marinos de esos países pueden embarcar en barcos españoles. Pero entiendo la resistencia de los navieros a abanderar buques en el segundo registro porque no se ha adaptado al modus operandi del sector”, reconoce Santana.
España trabaja con Honduras y Colombia para que sus marinos pueden embarcar en barcos españoles
Uno de los problemas radica en que el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras no es competencia exclusiva de la cartera de Óscar Puente. “Muchas de las acciones que se van a poner en marcha, relacionadas con los permisos de trabajo, residencia, visados, etc, dependen de otros ministerios, como son Trabajo, Seguridad Social y Sanidad. Otras medidas van incluidas en el proyecto de modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos. Por ejemplo, la obligación de que el 50% de la marinería sea comunitaria se aplicará sobre la tripulación mínima de seguridad”, explica el director general de Marina Mercante.
En el caso del registro especial de buques se divide en dos, uno para las navieras y otro para los barcos, al objeto de facilitar la gestión de los trámites y la coordinación con el Registro de Bienes Inmuebles. “El objetivo básico es hacer más atractivo el Registro Especial de Canarias para que vuelvan las flotas controladas por navieros españoles que se han ido a otros pabellones, en especial a Madeira, Malta y Chipre, y contribuir, desde luego, a su crecimiento y desarrollo. Para el Gobierno, ampliar la flota de bandera es una acción estratégica para tener mayor control sobre la cadena de suministro”, subraya Santana.
EL TAX LEASE “HABRÁ QUE VINCULARLO A QUE EL BARCO SE ABANDERE EN ESPAÑA”
Otra demanda del Anave que aparece en la Estrategia Marítima Española es la actualización del tax lease para apoyar la financiación de buques en el sector, que es intensivo en el uso de capital. Los actuales incentivos de arrendamiento fiscal aplicable a los armadores españoles (tax lease o SEAF), contemplados en la Ley de Impuesto sobre Sociedades, se han revelado ineficaces para las compañías tras las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que declararon ayudas de Estado ilegales las compensaciones del sistema original.
Los actuales incentivos de arrendamiento fiscal aplicable a los armadores españoles se han revelado ineficaces
“En este capítulo, desde el punto de vista de la descarbonización, estamos trabajando con Industria y, sobre todo, con el ministerio de Hacienda, para explicarles las particularidades del sector. Con Hacienda, en concreto, estamos haciendo un gran labor docente. Obviamente, este instrumento habrá que vincularlo a que el barco se abandera a España y también hay que estudiar la intensidad de las compensaciones del tax lease”, señala el máximo responsable de Marina Mercante.
En la charla con El Mercantil, Santana pone en valor el Comité Asesor Marítimo que contempla el nuevo texto refundido de la Ley de Puertos, un “órgano de coordinación, participación y consulta de todos los ministerios”. En su opinión, “si hubiéramos tenido ese consejo antes, algunos de los temas que contempla la estrategia marítima, caso de las medidas para modernizar el segundo registro, se podrían haber adoptado con mayor celeridad, porque el trabajo del marino y su entorno son muy específicos y hay que tenerlos particularmente bien estudiados”.
Por último, la estrategia pasa por la actualización de la Ley de Navegación Marítima, que, al igual que el Texto Refundido de la Ley de Puertos, también dispone de un proyecto de reforma aprobado por el Gobierno a finales de julio. “Era necesario modernizar los dos textos y ponerlos al día. Por ejemplo, desde el punto de vista administrativo, Marina Mercante tendrá más competencias. La pandemia puso de relieve la dificultad para evitar que un barco con pasajeros contagiados escalará en un puerto español. Ahora, este departamento estará habilitado para tomar esas decisiones. Los buques autónomos o sin tripulación también quedan sujetos a las normas generales de navegación, al tiempo que se regulan las respuestas por ciberataques, etc., concluye Santana.
